AMADO RAMÍREZ, PERIODISTA EN LA MIRA.

jenaro Villamil

México, D.F., 10 de abril (apro)
La primavera de muerte para los reporteros mexicanos amenaza con convertirse este 2007 en una situación peor que la del 2004, 2005 y 2006, cuando once trabajadores de la información fueron ultimados por el crimen organizado, sin que hasta el momento se haya esclarecido plenamente ninguno de los homicidios ni de las desapariciones, ni de la ola de amenazas e intimidaciones, especialmente en Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Baja California y Guerrero. El asesinato de Amado Ramírez, corresponsal durante 14 años de Televisa en Acapulco y conductor del programa radiofónico Al Tanto, en el puerto guerrerense tiene todos los indicios de mensaje, intimidación y silenciamiento de la peor forma posible que se realiza con la prensa mexicana: la muerte como supremo recurso de censura. Las consecuencias nefastas del crimen están a la vista: la estación Radiorama Acapulco decidió suspender la emisión del programa Al Tanto, que Amado Ramírez conducía junto con Misael Habana, corresponsal del periódico La Jornada; de manera poco clara, las autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado recorren el camino trillado de investigar la vida privada del periodista en lugar de indagar en la hipótesis más clara y contundente: el crimen organizado. El propio Misael Habana fue objeto de otra amenaza anónima: “No hemos acabado, nos falta uno y es Misa”. Según el informe reciente de Reporteros sin Fronteras, la ola de protestas vuelve a alcanzar una dimensión internacional: junto con la reciente marcha de 500 trabajadores de los medios en Acapulco, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han enviado sendos comunicados en los que manifiestan su preocupación y demandan que se investigue con prontitud. La indignación crece porque no se trata de un crimen más, sino de un sistema permanente que exhibe las redes de corrupción que se extienden hasta grupos policiales y políticos para acallar a quienes osen cumplir con su cometido, que es informar. Es más indignante porque se vuelve a repetir el fenómeno de ineficacia, dilación y contradicciones entre las autoridades estatales y federales responsables de investigar.
Así ha sucedido con los casos de Alfredo Jiménez, reportero de El Imparcial; con Roberto Mora, director editorial de El Mañana, cuyo caso provocó una airada denuncia de la embajada de Estados Unidos por la tortura de un ciudadano estadunidense y la construcción de chivos expiatorios; y de Francisco Javier Ortiz Franco, del semanario Zeta, de Tijuana, que lleva una larga historia de intimidación y violencia contra el equipo encabezado por Jesús Blancornelas, por mencionar los más señalados en los últimos cuatro años.
La indignación de periodistas, camarógrafos y corresponsales de Guerrero no es en balde. Apenas en noviembre del año pasado fue asesinado Misael Tamayo, director del rotativo guerrerense El Despertar de la Costa. Su cuerpo apareció en un cuarto de hotel, con las manos atadas a la espalda, y con huellas de pinchazos en el cuerpo. Su muerte elevó a siete la trágica lista de periodistas asesinados en 2006 y a once el total de trabajadores de la información ultimados durante el sexenio de Vicente Fox. Fue la cereza de un pastel envenenado en donde la fiscalía especial creada para investigar este tipo de crímenes sólo ha servido como pantalla para atemperar las críticas internacionales. El caso de Amado Ramírez Dillanes, ampliamente conocido entre los reporteros de la localidad, fue más brutal. Se realizó a plena luz del día, cerca de la calle De la Paz, donde existen dos estaciones de policía que, simplemente, no hicieron nada, y las autoridades se enredan de nuevo en sus incompetencias para garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios decomunicación. Su asesinato constituye también el primero en esta última temporada que se vincula con los publicitados “operativos militares” contra el narcotráfico que se realizan en más del 70 por ciento del territorio nacional y que no han logrado lo que sus promotores insisten que es su principal objetivo: garantizar la seguridad y abatir el crimen organizado. La inseguridad se incrementa, el crimen organizado ha roto los pactos en una clara demostración de desafío y fuerza al Estado mexicano; y la impunidad es el único “retrato hablado” que las autoridades ministeriales tienen para estos casos, como bien subrayó Ignacio Hernández, reportero de Diario 17, durante la marcha realizadaestemartesenAcapulco. La batalla la están ganando quienes promueven el silencio y el miedo como recurso permanente para que nadie escriba, nadie investigue, nadie difunda. No es el gremio periodístico el más afectado. Es la sociedad entera porque se rompe el derecho elemental de informar.